Con motivo de este número especial conmemorativo de los 40 años del Col·legi, y a sugerencia del Consejo Asesor de la RTS, recuperamos la sección de entrevistas que la revista tuvo en diferentes etapas.
“Una infancia infeliz no determina la vida” (Cyrulnik, 2001). Ante esta afirmación se plantea la importancia de reflexionar sobre los niños y las niñas que han sufrido situaciones traumáticas (maltratos físicos o psíquicos, abusos sexuales y/o situaciones de negligencia), y la necesidad de reconocimiento y reparación por parte de los adultos hacia el mal ocasionado a los hijos y las hijas.
En el trabajo de protección al menor en familias con niños en riesgo se ha priorizado tradicionalmente la seguridad de estos sobre la estabilidad de los vínculos familiares, lo que solía desembocar en prácticas coercitivas y de confrontación con las familias que acababan frecuentemente con una retirada del menor. Los resultados poco eficaces de estas prácticas tradicionales han propiciado la búsqueda de una colaboración entre profesionales y familias que, para no quedar en mera retórica, debe llegar a plasmarse
en intervenciones concretas.
El acogimiento familiar, como medida de protección a la infancia, es prioritaria frente a la medida de acogimiento residencial porque permite el desarrollo del menor de edad en el seno de una familia. No obstante, pese a los constantes esfuerzos en esta materia, no se ha conseguido aún hacer efectiva esa prioridad.
Especialmente, no se ha desarrollado en España un modelo del acogimiento familiar profesionalizado, posibilidad que se mencionaba desde 1996 en nuestro Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889).
Pese a que pensar en la muerte en niños, niñas y adolescentes es un esfuerzo ingrato, la posibilidad de acompañamiento al final de la vida en la infancia es el objetivo de los cuidados paliativos pediátricos. La atención paliativa pediátrica se configura como la especialidad que da respuesta a enfermedades sin opción curativa. De manera multidisciplinar se está poniendo en marcha la red de atención paliativa pediátrica integral (XAPPI) en Cataluña para dar respuesta, con un modelo biopsicosocial y espiritual, a pacientes y familias que hacen frente a patologías sin tratamiento posible.
Los hijos y las hijas de personas que están encarceladas tienen un riesgo significativo de sufrir múltiples consecuencias adversas si les falta apoyo. El objetivo de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima (SMPRAV) es minimizar la reincidencia y proteger a las víctimas. El modelo de gestión del riesgo centra la intervención a identificar, evaluar y minimizar los factores criminógenos que han llevado una persona a cometer un delito.
Hay un consenso generalizado en atención temprana sobre la importancia que tienen la familia y el entorno en el desarrollo infantil y en el hecho que promover unas condiciones ambientales o contextuales óptimas mejora la calidad de vida, así como el desarrollo global de los niños.
La muerte de un miembro de la familia es un factor estresor muy importante que afecta a la estructura familiar y a su equilibrio respecto a la dinámica funcional de esta. Puede provocar consecuencias muy distintas en cada uno de los miembros de la familia extensa, así como interferir en la evolución típica de sus miembros.
Actualmente, la noción más hegemónica de innovación se caracteriza por un cambio tecnológico, acoplado a la emergencia de nuevos productos. Ese reduccionismo puede ser refutado ya con la teoría del desarrollo económico de Schumpeter (1912), donde su idea de destrucción creativa da lugar a una innovación de procesos y organizaciones. Ahora bien, un giro clave en este debate es el concepto de “gran transformación”, propuesto por Polanyi en 1944, con el que sostiene una crítica a la racionalidad económica y cuestiona su corpus técnico formal al restringir la libertad en una sociedad compleja.
La Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, cumple diez años de su aprobación sin que se haya realizado el desarrollo normativo ni las dotaciones presupuestarias para hacer viables las medidas, especialmente para los niños en situación de riesgo. Solo se han aprobado cuatro decretos que desarrollan de forma parcial algunos de los servicios, pero no el reglamento que habría facilitado la concreción y ejecución de dichas medidas.
