La República de Senegal, como la gran parte de los países del continente africano, fundamenta su política social sobre dos ejes de gestión: una gestión formal y oficial de la protección social a través de las instituciones del Estado, destinada principalmente a las personas trabajadoras del sector formal y los miembros de su familia, y una política de acción social basada en las medidas de ayudas puntuales a las poblaciones vulnerables y en el reforzamiento de las solidaridades tradicionales, a través de las organizaciones y las comunidades de base. Esta política es una continuación de la instituida durante la colonización y no permite hacerse cargo de la demanda social inmensa, limitándose el acceso a los servicios sociales básicos como la salud, la educación y la lucha contra la pobreza extrema. Esto hace que las ayudas exteriores sean imprescindibles para el mantenimiento de la paz social.