Vivimos momentos de crisis que se dibujan como estructurales a largo plazo, en los que se pone de manifiesto la incapacidad del Estado para dar respuesta a las demandas sociales. Un cambio de época que necesita nuevas respuestas, en el que se cuestiona claramente el papel que han tenido y deberán tener las instituciones, los profesionales de la acción social y la población en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones. La acción comunitaria y el empoderamiento de la población pueden tener un papel determinante a la hora de impulsar nuevas respuestas y/o preservar derechos existentes; de ahí el interés para identificar sus potencialidades y límites.